.:: PUNTO DE ACUERDO SEGURIDAD PUBLICA CULIACAN ::.

DE LA SENADORA MARÍA SERRANO SERRANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL EJECUTIVO FEDERAL PARA QUE ORDENE A LA AUTORIDAD COMPETENTE REFUERCE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ADUANAS TERRESTRES, AEREAS Y MARÍTIMAS CON EL OBJETO DE EVITAR EL INGRESO Y CONTRABANDO DE ARMAS QUE VAN A PARAR CASI SIEMPRE A MANOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA; Y SE EXHORTA, ADEMÁS, A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA FEDERAL, PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Y A LA SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL, ASÍ COMO A LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA A LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE ESTADO PARA QUE EN EL DESEMPEÑO DE SUS TAREAS SE RESPETEN EN TODO MOMENTO LAS GARANTÍAS INIDVIDUALES DEL GOBERNADO.

C. C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL
H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTES:

MARÍA SERRANO SERRANO, Senadora de la República de la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Accion Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de ésta H. Soberanía con carácter de urgente y obvia resolución la proposición con Punto de Acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal para que ordene a la autoridad competente refuerce la estructura y funcionamiento de las aduanas terrestres, aéreas y marítimas con el objeto de evitar el ingreso y contrabando de armas que van a parar en la mayoría de las ocasiones a manos de la delincuencia organizada; y se exhorta, además, a la Secretaria de Seguridad Pública Federal, Procuraduría General de la República, y a la Secretaria de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa a la Secretaria de Seguridad Pública de este Estado para que en el desempeño de sus tareas se respete en todo momento las garantías individuales del gobernado al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

En la madrugada del martes 27 de mayo se registró en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, un enfrentamiento entre elementos de la Policía Federal Preventiva, el Ejercito Mexicano y los sicarios del narcotráfico que arrojó un saldo de siete agentes muertos y cuatro lesionados, uno de ellos de gravedad, que después murió así como dos jóvenes que fueron ejecutados previamente por delincuentes a sueldo del narcotráfico.

Los hechos se iniciaron alrededor de las 11 de la noche del lunes 26 en las inmediaciones de la colonia Rubén Jaramillo, donde un grupo de sicarios asesinó a los dos jóvenes.  Las víctimas fueron identificados como Luís Astorga Ibarra  de 22 años y Edgar Zataraín Medina de 20 años.

Tras la ejecución de estas dos personas los delincuentes se dieron a la fuga y durante su huída fueron interceptados por agentes federales y militares, iniciándose así, una persecución que concluyó en una casa -llamada de seguridad por los delincuentes- ubicada en la colonia Benito Juárez.  El ejército tuvo que hacer uso de tanquetas para poder ingresar a dicho inmueble.

En el interior de la casa fueron asegurados siete fusiles AK-47, 36 cargadores, 4 cargas de disco y 25 cajas de cartuchos de 20 unidades cada una.

La delincuencia organizada ha demostrado reiteradamente tener una capacidad de fuego impresionante, que desafía a la que tienen las fuerzas de seguridad, se compone de subametralladoras automáticas FN Herstal p90 que penetra blindajes a 200 metros de distancia, ametralladores Browning y ametralladoras Barret que pueden traspasar vehículos blindados o derribar aeronaves, así como lanzacohetes RP G-7, que destruyen tanques y derriban helicópteros.

Ante estos sucesos el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna ha declarado que “vamos a enfrentar el fenómeno con todas nuestras capacidades.  He ordenado que se suba más gente en términos de despliegue territorial, más unidades de inteligencia, pues vamos a sumar capacidades y vamos a fortalecer lo que hoy tenemos de operaciones en Sinaloa”.

Sin embargo, estas acciones no serán suficientes.  Mientras exista un mercado negro de armas sofisticadas al alcance del mejor postor, y que se abastece permanentemente por el contrabando proveniente de las fronteras del norte y sur de nuestro país, las estrategias y acciones de las fuerzas de seguridad se verán superadas en su capacidad de fuego por la delincuencia organizada, por ello, es urgente que el Ejecutivo Federal refuerce el control sobre las aduanas terrestres, aéreas y marítimas con el objeto de evitar el ingreso de armas que vana aparar a manos del narcotráfico; igualmente, se propone que para fortalecer está medida se solicite a nuestros países vecinos que adopten medidas similares que conduzcan a políticas coordinadas de carácter internacional para reducir el mercado negro de armas en la región.

La lucha contra la delincuencia organizada exige acciones firmes y de largo plazo, pero estás acciones indudablemente deben ser consecuentes con la plena vigencia del Estado de Derecho, ya que como lo ha señalado el Presidente Felipe Calderón “El desarrollo humano precisa del respeto irrestricto de la ley, porque es mediante su aplicación que las personas pueden acceder a mejores oportunidades de vida, participar libre y responsablemente de la democracia y disfrutar de una vida y patrimonio seguros.  Ningún estado democrático puede lograrse sin la plena vigencia de la legalidad”.  

Restaurar el estado de Derecho requiere acciones de estricta legalidad, en consecuencia la lucha frontal contra el narcotráfico que exigimos los sinaloenses es una lucha en la que deben respetarse los derechos individuales de los ciudadanos.  Las fuerzas de seguridad pública federales, locales y municipales deberán actuar siempre dentro del marco de la ley, las acciones de cateo de domicilios particulares, de establecimientos comerciales de todo tipo, así como la suspensión de las operaciones de las casas de cambio de moneda deben sustentarse siempre en órdenes de autoridad competente, excepto en los casos en que tratándose de flagrante delito la demora puede hacer ilusorias la investigación y la aplicación de la ley, casos en los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido tesis de jurisprudencia en el sentido de que “la autoridad policial no requiere necesariamente de orden de cateo para introducirse en el domicilio particular en el que se está ejecutando el delito, ya que en ese caso, el propio artículo 16 Constitucional señala expresamente una excepción al respecto al permitir a cualquier particular, y con mayor razón a la autoridad detener al indiciado, además de que el Estado –como garante de los bienes de la sociedad- debe actuar de inmediato en caso de flagrancia”.

En Sinaloa es urgente el restablecimiento del pleno Estado de Derecho, pero este debe restablecerse sólo bajo el marco de la ley.

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión con carácter de urgente y obvia resolución el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Exhórtese respetuosamente al Presiente de la República para que le ordene a la autoridad competente se refuerce la estructura y funcionamiento de las aduanas terrestres, aéreas y marítimas  con el objeto de evitar el ingreso y contrabando de armas que casi siempre van a parar a manos de la delincuencia organizada, y para que por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se establezcan los mecanismos necesarios de carácter internacional con nuestros países vecinos para impedir el funcionamiento del mercado negro de armas en la región.

SEGUNDO.- Exhórtense a la Secretaría de Seguridad Pública Federal, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de la Defensa Nacional, así como a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa y a la Secretaría de Seguridad Pública de este Estado para que en el desempeño de sus tareas lo realicen en estricta observancia del derecho, respetando en todo momento y en toda circunstancia las garantías individuales del gobernado. 

Salón de Sesiones de la Comisión Permanente de la H. Congreso de la Unión a 03 de junio de 2008.