Organización Editorial Mexicana
2 de octubre de 2007

Mónica Urrutia / El Sol de México

Ciudad de México.- El pleno del Senado aprobó de forma unánime el dictamen, con 97 votos, por el que se crea la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, que incluye prisión hasta de 27 años para quienes comentan algún acto ilícito que se relacione con esta ley, que prevé también multas de tres mil 300 días de salario mínimo.

Previo a la aprobación del dictamen, que busca prevenir, proteger y sancionar la trata de personas, la senadora del PAN, María Serrano Serrano aseguró que México está convertido en un país de origen, tránsito y destino de personas, para la explotación sexual y de tráfico de órganos humanos: "simplemente pensemos en el sureste de México, en donde mujeres adolescentes son vendidas como res, como un animal y los mismos padres realizan este acto, ya sea por cuestiones económicas o a veces por tradición".

En su intervención el PRD recordó que este dictamen contempla sanciones que alcanzan hasta los 18 años de prisión a quienes trasladen u ofrezcan, a un tercero, por medio de violencia física o moral, engaño o abuso para someterla a la explotación sexual.

"Se establece la trata de personas y el tráfico de órganos como delitos graves, lo cual genera que el inculpado no tenga derecho a libertad condicional o bajo caución. En cifras oficiales del turismo sexual son de más de dos millones de niños y niñas víctimas en todo el mundo", aseguró la senadora, Claudia Corichi García.

El senador del PRI, Fernando Ortega Barnés destacó que cifras del INEGI relevaron que en 2005, la trata de personas en sus distintas vertientes, señala que existe un millón 450 mil hombres y un millón 700 mil mujeres en México que trabajan sin recibir remuneración alguna.

"La trata es un delito que destruye la dignidad humana y mina las estructuras de los Estados. Es un fenómeno sociodelictivo que desarrollado a través de una poderosa red internacional del crimen organizado vulnera y lastima a las sociedades contemporáneas."

El documento aprobado señala que si el ilícito es cometido por un servidor público, la sanción penal será de hasta 27 años, de tres mil 300 días de salario mínimo de multa y la destitución del empleo, cargo o comisión públicos e inhabilitación.