Noroeste

Fecha de Publicación: 13/09/2007

En el marco de una ola de violencia irrefrenable, que del 1 de enero hasta hoy ha cobrado 489 víctimas, y de los recientes asesinatos de Óscar Rivera, vocero del Gobierno del Estado en materia de seguridad; del luchador social Ricardo Murillo Monge; de una familia en el poblado de El Habal y de amenaza de muerte por parte del narcotráfico al General Rolando Hidalgo, Comandante de la Novena Zona Militar, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a los gobiernos federal y estatal a garantizar el orden y la seguridad en Sinaloa.
La Senadora sinaloense María Serrano, del PAN, quien presentó el punto de acuerdo, dijo que las medidas que se han emprendido en Sinaloa para combatir la inseguridad pública no han sido eficaces, lo que implica que debe formularse una nueva estrategia.
"Sinaloa reclama", dijo, "acciones del Gobierno federal y del Gobierno del Estado que signifiquen condiciones de paz adecuadas para los diferentes sectores de la población".
Mario López Valdez, Senador sinaloense del PRI, subió a la tribuna de la Cámara alta y dijo que es necesario revisar si los programas contra la delincuencia organizada están funcionando.
Llamados como los del Senado por lo general tienen respuestas verbales, pero no reales, es decir, no van acompañadas de acciones efectivas contra la violencia.
El 27 de agosto, un día después de que fuera asesinado José Alcántar Pérez, trabajador de Noroeste, el Gobernador Jesús Aguilar Padilla, en respuesta al aumento del número de delitos, anunció que en menos de 14 días habría una reestructuración del sistema de seguridad pública.
"Una reestructura en la Estatal Preventiva, en la Ministerial, en la capacitación, en la coordinación, en la presencia, revisión a los mandos, evaluación, que ya estamos haciendo, integral", prometió el Gobernador.
Han pasado más de 14 días y no se sabe que se haya elaborado el prometido plan para reorganizar el sistema de seguridad pública.
Garantizar el orden y la seguridad en Sinaloa es una obligación del Gobierno en todos sus niveles, obligación que incumple desde hace decenios. Lo que falta quizá es una mayor participación de la sociedad en la batalla por un Sinaloa seguro. Mayor participación para presionar al Gobierno y obligarlo a que cumpla con su obligación primordial: garantizar la propiedad y la integridad física de los sinaloenses.