José Alfredo Beltrán
El Gobierno del Estado no respetó el acuerdo sobre el "blindaje electoral" suscrito el 27 de junio con la Secretaría de la Función Pública, acusó la Senadora María Serrano Serrano.

Ello, al consentir la participación de funcionarios públicos en el reparto de despensas que encabezó en comunidades rurales de Salvador Alvarado el Diputado federal Gilberto Ojeda Camacho.

"También se está violando este acuerdo, ese 'blindaje' de no usar recursos humanos y financieros, o que los funcionarios se abstuvieran de publicitar programas, para que esto no fuera motivo de parcializar la elección, de obtener los votos a través de los recursos públicos", dijo.
La legisladora recordó que el propio Ojeda Camacho, coordinador de los diputados federales del PRI, estuvo en esa firma de convenio entre el Gobernador Jesús Aguilar Padilla y el entonces Secretario de la Función Pública, Germán Martínez.

"Cómo interpretar este hecho de que Ojeda haya sido sorprendido regalando despensas para obtener votos para los candidatos de su partido, que la gente simula, hay una simulación muy fuerte.
"La gente por un lado está en la foto, donde el Gobernador firma un acuerdo, y están todo el mundo, todos estamos y no lo estamos cumpliendo", expuso.

No se tiene la voluntad, añadió, de cumplir con la legalidad en México ante actos que normalmente siempre quedan impunes.
Sólo un niño de kínder podría creer la declaración que hicieron tanto Aguilar como Ojeda, en el sentido de que el reparto de despensas era una "gestoría social" y no coacción del voto, abundó.
Y en el caso de los funcionarios públicos participantes, a los cuales el Ejecutivo exculpó diciendo que estaban en día inhábil, Serrano Serrano explicó que eso no les quita responsabilidad.

"Aunque lo estén haciendo fuera del horario y con recursos que no sean del Ayuntamiento o del Gobierno del Estado, es una dádiva que está comprando un voto, eso es comprar, dar dádivas a cambio del voto", enfatizó.
La Senadora aseveró que el Consejo Estatal Electoral se verá parcial si trata de no vincular la acción de Ojeda con las campañas en curso, por lo que tiene los elementos a su alcance para aplicar la ley y castigar el reparto de despensas, que es un delito.